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Okupación: algunos datos que todos deberíamos conocer

Es una realidad que no podemos negar: hay cada vez más ocupaciones ilegales y casi 30.000 casos documentados en España pendientes de resolución, desde el confinamiento en estos últimos meses, donde se han impuesto medidas de protección extra, para personas que debido a la nueva crisis económica crítica, no pueden ser expulsados de la casa ocupada.

La denuncia a personas que se declaran en estado de alta vulnerabilidad, como padres de familia con hijos a su cargo o personas incluidas en un ERTE, hace cada vez más difícil la situación y los desahucios no pueden realizarse a personas que no pueden pagar un alquiler a causa de la crisis sanitaria, reducciones de jornadas o personas al cargo de mayores.

Existe además un gran desconocimiento por parte de la sociedad, de cuáles son los verdaderos problemas a los que se puede enfrentar un propietario.  Esto incluso en su vivienda habitual, en el caso de okupación y de la prolongada situación legal que implica, una vez se descubre que una casa ha sido okupada por mafias o particulares informados de los procesos legales que les permiten seguir entrando en viviendas, sobre todo en periodos de vacaciones y zonas de baja habitabilidad estival.

El okupa intenta pasar desapercibido durante 72 horas, sin que el vecindario se dé cuenta de su presencia, ya que necesita este plazo para demostrar que está “establecido” en la vivienda, y la policía solo puede actuar si se declara la okupación antes de 48 horas.  Es por esto, que la rapidez en la denuncia se ha convertido en algo tan valioso durante estos procesos.

La policía después de 48 horas, solo puede desahuciar con una orden judicial, algo que para el okupa no tiene ningún coste, no así para el propietario, que puede verse inmerso en un proceso judicial de varios años. Solo tienen que justificar que llevan en la vivienda más de 48 horas, y eso, sin testimonios en contra de vecinos o la justificación que aporta un sistema de seguridad homologado, como prueba del allanamiento, dificulta que la policía pueda justificar un “delito flagrante” y ejecute el desalojo.  No siempre se encuentran pruebas claras como el cambio de cerradura o entradas forzadas, ya que a veces puede entrarse a una vivienda de un modo mucho más sencillo, sin necesidad de destrozos o ruídos que alerten al vecindario. Por no hablar de las viviendas apartadas o segundas residencias, donde el caso se acentúa aín más por la facilidad de entrada y la falta de testigos del allanamiento.

Es por eso que una casa con alarma supone “un problema añadido” al ocupador, ya que es una vivienda más inaccesible, donde en minutos existe una denuncia clara de allanamiento, fotos e imágenes de la ocupación y en los casos en los que se disponga de servicio de acuda, un vigilante que certifica la okupación y puede gestionar con las autoridades la entrada ilegal de un local o vivienda.

Las leyes resultan por tanto muy contradictorias:  los okupadores se declaran generalmente insolventes ante cualquier delito de faltas o multas derivadas de la entrada ilegal en los domicilios, y los propietarios además, no suelen poder cortar los suministros de luz, agua y gas, ya que el proceso de desahucio se alarga en el tiempo y como mucho reciben multas de entre 3 a 6 meses ( Art 245. Del código penal)